Publicado originalmente en www.kienyke.com
La polaridad izquierda-derecha es de las más socorridas en la clasificación de las posiciones políticas y hoy en día en Colombia, de las más inútiles. Por un lado, está la derecha conservadora, tradicionalista, ultramontana que quisiera que todo siguiera igual que a finales del siglo XIX. La otra, la derecha del orden (sin mucha ley) de Álvaro Uribe, buscando afirmar como sea que son el puro centro democrático. Por otro lado, está la izquierda, Estadocéntrica, con un énfasis en que el Estado garantice los derechos sociales irrespectivamente de la sostenibilidad fiscal y sin especificar muy bien, fuera de aumentar los impuestos a los ricos, cómo cubrirían estos gastos del Estado sin desestimular la inversión. Llegan en los casos más delirantes a negar que Colombia se pueda enfrentar en un momento a una crisis fiscal y que sea necesario asegurarse de mantener su sostenibilidad. Toda referencia a estos temas son rotuladas como neoliberales (u oligárquicos) sin tener en su registro la diferencia entre estos últimos y los neoconservadores, que eliminaron la regulación del Estado, premisa de los neoliberales. El neoconservador, Bush, eliminó la regulación y provocó la crisis global del 2008, posición de la cual Álvaro Uribe es ejemplo entre nosotros. Aún hoy, podemos constatar en la Comisión Primera del Senado que la Superintendencia de Vigilancia, que supervisa un sector que representa el 1.1 por ciento del PIB, y ocupa cerca de 200.000 personas, cuenta con 120 empleados y cuatro inspectores para todo el país. Y esto sucedió con la superintendencia de Puertos, el otorgamiento de títulos mineros, el INCO, etc.
La polaridad izquierda-derecha la debemos ver entonces como la base de un triángulo donde lo interesante está en la parte superior del triángulo, una cultura política que enfatice la rendición de cuentas, la acontabilidad, la transparencia y la responsabilidad de los elegidos ante los electores, la responsabilidad fiscal y el involucramiento de los ciudadanos en espacios de participación estructurados para que ellos puedan ejercer el control social sobre la administración y le ayuden a priorizar lo que ella considera importante para resolver sus problemas: una posición sociocéntrica.
Y aquí comienzan a aparecer problemas que ni izquierda o derecha plantean. El problema es el Modelo de Gobernabilidad con que se ha operado en Colombia por largo tiempo. Este se basa en el clientelismo y la corrupción, que no son un vicio de la política sino intrínseca a su práctica en Colombia. Con este modelo, la gobernabilidad la logra el gobierno repartiendo segmentos completos del ejecutivo, especialmente en las regiones, a políticos de la coalición, quienes, para reproducirse y resarcirse de costosas campañas políticas, se apropian del Estado y lo bloquean en su capacidad de implementar (ojo, en esta etapa del clientelismo el problema es de IMPLEMENTACIÓN) las soluciones a los problemas que requieren los colombianos. La última, si no la más dramática de estas instancias, es lo que, nos cuenta la Silla Vacía, sucedió con el Banco Agrario, que quedó en manos del senador Roberto Gerlein para gastarse, según parece, los tres billones asignados al Pacto Agrario – si, Dr. Guillermo Perry, sus temores se confirman. Seguramente veremos votos por el senador Gerlein en todo el país, no solo en Barranquilla, todo esto para garantizar la endeble alianza de gobierno, muy bien aprovechada por partidos con vocación extorsiva. Como podemos ver, el problema no son recursos ni políticas públicas, el área donde la izquierda se concentra, sin ver que los recursos solo alcanzan para problemas prioritarios, que hay que escoger y que se pierden vía el modelo de gobernabilidad. Igualmente, el ejemplo de Samuel Moreno en Bogotá muestra cómo el modelo se reproduce en administraciones de izquierda y derecha. En ese sentido, la izquierda se equivoca al plantear el conflicto entre clases, cuando la clase a combatir es la corrupción y el clientelismo de la clase política.
¿Cual es la alternativa al anterior modelo? Uno donde los congresistas tengan que responsabilizarse ante el colectivo de sus electores en un territorio. No como ahora donde una multiplicidad de congresistas cultivan y prometen alimentar sus clientelas personales que reparten en múltiples territorios. Esta necesidad de rendirle cuentas a sus electores cambiaría la dinámica pues se vería legitimo que, por ejemplo, un representante a la cámara luchara por conseguir recursos colectivos para un territorio de, digamos 420 mil habitantes, donde estos se han organizado a través de una sociedad civil densa, articulada y autónoma, tan gravemente castigada por los gobiernos de Álvaro Uribe. Esta sociedad civil, a través de procesos participativos como los presupuestos y la planeación participativa, que ya tiene un amplio espectro de experiencia en Colombia, priorizarían el gasto en su territorio y ejercería luego el control social sobre un preciso congresista (de lo que se trata es de concentrar la atención del electorado, no ofrecer más información), produciendo además el saldo pedagógico que la deliberación cara a cara produce. Esta propuesta, formulada para reemplazar el sistema electoral actual por un sistema mixto, es el punto de referencia para evaluar la acción de un gobierno -no lo que dice que va a hacer sino lo que hace- en la práctica de la democracia deliberativa. Y es en ese sentido que la administración Petro se raja de arriba a abajo. Estos procesos locales (¿los 420 mil habitantes?) que forman parte de su programa de gobierno, terminaron en que unilateralmente él determinó en qué se gastaban los recursos. Adicionalmente, en el POT, aprobado por decreto, los procesos de estudio por Unidad de Planeación Local (UPZ), se desestimularon. En lugar de los acuerdos se utilizó un mecanismo autócrata, muy leninista, aun teniendo experiencias muy cercanas a su administración en implementaciones exitosas de estos procesos.
Por supuesto que estos son temas centrales de la paz y el posconflicto: cómo crear una estructura institucional para construir capital social, tejer la sociedad civil y la confianza o, por otro lado, con la estructura electoral actual, garantizar que los problemas del clientelismo y sus nefastas consecuencias en corrupción continúen permeando la sociedad colombiana post acuerdo de paz. Este es el problema a resolver y cómo implementar las soluciones que el país requiere. Izquierda y derecha deben pensar en esto, no en su anquilosado discurso para otro país y otra época.
Ni izquierda ni derecha
