SISTEMA ELECTORAL MIXTO
Con el objetivo de reformar el actual sistema electoral en beneficio de la sociedad, aumentar la participación ciudadana y la confianza de los colombianos en las instituciones en una Colombia posconflicto, consideramos que el proyecto de sistemaelectoralmixto.com propuesto por el Partido Verde, responde a las necesidades de la sociedad colombiana en términos de participación política, racionalidad colectiva, relación entre candidatos y ciudadanos y rendición de cuentas claras.
Esta propuesta busca promover la reforma del sistema electoral para que la ciudadanía ejerza un control social efectivo, los elegidos rindan cuentas a la ciudadanía y se fortalezcan los partidos. Para ello se propondrá un sistema electoral mixto de representación en la Cámara y Senado que combine las bondades de los sistemas unipersonales mayoritarios y la proporcionalidad de las listas cerradas.
La propuesta
Actualmente Colombia cuenta con un sistema electoral proporcional, nosotros proponemos la creación de un sistema mixto que tenga las bondades del sistema proporcional nacional en Senado y regional para Cámara (40%) y al mismo tiempo la responsabilidad de rendir cuentas por parte de los elegidos que proporcionaría un sistema mayoritario distribuido por Distritos Electorales Uninominales (60%).
Cámara de Representantes
Cada departamento y el distrito capital se dividirán de acuerdo a su población en Distritos Electorales Uninominales (DUN) de aproximadamente 410.000 habitantes según las proyecciones del censo de 2005. Estos territorios se conformarán buscando preservar la integridad de las unidades municipales, locales o comunales, zonales y barriales con continuidad territorial al interior de los Departamentos y el Distrito Capital, y según se aplique la definición histórica y cultural de las provincias. En cada uno de estos DUN se escogerá un Representante a la Cámara, el cual será elegido por mayoría absoluta. Los tarjetones para cada distrito electoral estarán conformados por un candidato por cada partido político con personería jurídica vigente o movimientos significativos de ciudadanos que cumplan los requisitos de ley.
Por otro lado, existirá una lista proporcional ordenada y cerrada por partido o movimiento significativo de ciudadanos. Los miembros de estas listas se seleccionaran por medio de cifra repartidora según el número de votos totales depositados por el partido en los DUN que incluye este distrito, descontados aquellos que efectivamente hayan elegido representantes en estos. Este último tramo se conformará con el 40% de las curules a asignar, descontadas del total las curules correspondientes a las circunscripciones territoriales, indígenas, negritudes y residente en el exterior y minorías políticas que mantendrán las reglas de juego actuales.
Senado de la República
El Senado tendría una composición de 40% proporcionales a nivel nacional y 60% por DUN, excluyendo las circunscripciones especiales que se respetarían. La población por DUN sería la población total proyectada dividida por 60, o sea aproximadamente 810.000 habitantes, aproximadamente igual a dos DUN para la Cámara. Igual que en esta circunscripción se elegiría un senador de forma mayoritaria en cada uno de ellos. En el tramo proporcional los votos que no elijan efectivamente a un senador en el DUN se llevarían a una circunscripción nacional y utilizando cifra repartidora se elegirían los 30 senadores restantes de listas cerradas y ordenadas por cada partido. Esta propuesta recoge en buena medida la aspiración a una representación más territorial por los distintos territorios y concentra en estos el accionar de los candidatos y las demás ventajas que traería el sistema mixto sin caer en la noción de nombrar senadores por cada departamento. Esto distorsionaría enormemente la representatividad poblacional, especialmente de los departamentos más grandes, alternativa que dejaría muy poco juego para que, si se dejará un 40% por representación nacional, se pudieran compensar estas diferencias. Para este segundo tramo las curules se adjudican a partir de listas ordenadas y cerradas presentadas por cada partido.
Ventajas de la propuesta
El primer y fundamental beneficio frente a un sistema exclusivamente mayoritario es la disminución de votos perdidos, aquellos que no eligen a nadie. Ya que los votos de la circunscripción proporcional se van directamente al tramo más amplio, pues no se pierden y recomponen la proporcionalidad curules-votos.
En segundo término, la mayor probabilidad que los partidos minoritarios tengan representación: Ya que en este tramo se integran los votos dispersos que los partidos minoritarios reciben en los diferentes DUN, y que no lograron elegir parlamentario, su posibilidad de elegir a alguien de la lista proporcional se aumenta considerablemente. Este peso de nuevo podría graduarse aumentando el porcentaje de curules en el tramo proporcional, pero tendría la dificultad de aumentar demasiado el tamaño de los DUN. Este dilema se disminuiría aumentando el número total de curules, con el problema de los costos que tendrían una Cámara o Senado más grande y los problemas de gobernabilidad que podría esta tener. Cómo se mencionó con la circunscripción estrictamente departamental, se hizo exactamente esto para proteger la representación de los departamentos menos poblados, manteniendo la población de los DUN de la Cámara a un nivel adecuado.
La necesidad de fortalecer los mecanismos de participación colectivos y deliberativos
Es necesario recordar que los mecanismos de participación en los distritos uninominales son indispensables para que los ciudadanos se puedan organizar y formular lo que sería su voluntad. De esta manera el representante podría públicamente saber sobre que rendir cuentas a sus electores. La efectividad de este mecanismo de validación requerirá la revisión de las reglas que los regulan. Ahora bien, existen una serie de mecanismos propios de la democracia directa, basados principalmente en la votación de los ciudadanos sobre un tema sin que ellos tengan que reunirse y debatir entre ellos, y que terminan enfatizando una acción puramente individual, como es el voto.
Los mecanismos deliberativos tales como la planeación participativa y los presupuestos participativos requieren de interacción entre los habitantes de un territorio y en ese sentido tejen el capital social en él. Los consejos territoriales de planeación locales y las reuniones que ellos convocan para validar las propuestas de desarrollo locales permiten que personas que trabajan aisladas en ámbitos de influencia más estrechos puedan conocerse y sumar esfuerzos para coordinar colectivamente la defensa de sus intereses, e integrarlos a nivel territorial con otros, creando esta visión compartida de futuro que pueda portarse a través de varios periodos de las distintas autoridades y vigencias legislativas, y romper el vicio de estar comenzando de cero cada vez. En ese sentido será indispensable crear mecanismos de participación, por lo menos a nivel de los DUN de la Cámara para que se den procesos participativos colectivos en ellos.
La necesidad de adecuar los sistemas de información territorial y su oportunidad para fortalecer la transparencia ante la ciudadanía
Una dificultad que ha tenido la participación ha sido la carencia de información completa y oportuna de información fiscal y de los proyectos, de sus costos, de sus beneficiarios, para poder hacer el correspondiente control social. Aunque se ha hecho importantes progresos, se requiere adecuar los sistemas de presentación de cuentas, de tal manera que un territorio pueda estar actualizando constantemente con la suma de los recursos que se reciben de la nación, el departamento y los municipios. Por ello es necesario reformar el Estatuto del Presupuesto. Es importante entender que lo que hacen los DUN es precisamente estructurar audiencias que consuman esta información en un territorio más al alcance de su entendimiento y que la pura oferta muy a menudo muy agregada de información, colgándola en la red, termina no teniendo quien la consuma.
No es posible lograr una paz duradera en nuestro país con el modelo actual de gobernabilidad. No podemos seguir con un modelo que corta la relación entre sociedad y Estado al forzar que las relaciones entre ciudadanos y la política sean mediadas por relaciones clientelistas. Avanzar en un sistema electoral que responda a las continuas demandas de transparencia, legitimidad, acontabilidad, participación real y garantías que día a día nos exige la sociedad colombiana, afianzaría la participación y permanencia de los grupos armados que se desmovilicen.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PLANEACIÓN PARTICIPATIVA
Participación ciudadana
El método democrático electoral no es suficiente dadas las nuevas condiciones de la ciudadanía. Debido a las limitaciones de la democracia tradicional representativa, el Estado contemporáneo ha hecho el tránsito del voto como única herramienta de materialización de la democracia, hacia la apertura de nuevos espacios donde el ciudadano pueda no solo escoger a través del sufragio a sus gobernantes, o expresar su opinión favorable o negativa frente a una iniciativa específica (mecanismos de democracia directa), sino además contribuir activamente a definir, en cada momento de su proceso de elaboración, la acción estatal. Sin embargo, aunque se han dado pasos importantes, aún se advierte en Colombia un déficit general de política pública en materia de participación ciudadana.
En primer lugar, el ámbito de la participación ha sido abordado por el ordenamiento jurídico en forma desarticulada: abundan las normas dispersas y de distinto rango, con objetivos muchas veces repetitivos, e incluso contradictorios, que en lugar de facilitar la participación ciudadana terminan por desincentivarla. El diagnóstico general, según los expertos, es desalentador.
Las normas vigentes no incluyen incentivos ni condiciones que muevan a una ciudadanía tradicionalmente apática a intervenir en los debates y en las decisiones públicas. Por el contrario, tienden a generar un cierto grado de frustración en la medida en que el esfuerzo ciudadano no se ve compensado por la posibilidad real de incidir en las decisiones de los gobernantes en materia de políticas públicas y de asignación de recursos, debido a que el alcance de los dispositivos creados es generalmente consultivo, de iniciativa o de fiscalización, no de concertación o decisión.
Esto ha producido, de una parte, una desconfianza del ciudadano común y corriente en los espacios de participación existentes y, de otra, la apropiación de estos últimos por una élite de la participación, un segmento de líderes sociales que, probablemente con buenas intenciones iniciales, se han aislado de sus bases sociales y se han convertido en intermediarios poco representativos del sentir de la población que pretenden representar.
La experiencia ha mostrado en Colombia que el marco normativo e institucional de la participación no está generando los incentivos ni la motivación suficiente para el ejercicio de la participación. Muchas personas, grupos, redes, organizaciones, instituciones públicas y privadas actúan con la convicción de que la participación es necesaria, pero se encuentran con un marco normativo que, en lugar de facilitarla, la dificulta y desestimula.
Por otra parte, los fondos destinados a la participación ciudadana se clasifican erróneamente y se invierten en una forma imposible de evaluar. El presupuesto de participación ciudadana se encuentra atomizado y las entidades lo están utilizando para financiar gastos de funcionamiento: 80.4% del presupuesto de inversión que apropia el PND 2011-2014 para los programas de participación ciudadana apalanca gastos generales, que equivalen a 260.837 millones de pesos para los cuatro años, situación que redunda en la inexistencia de un presupuesto efectivo para financiar actividades de participación ciudadana.
La propuesta
Actualmente, La recienteLey Estatutaria de Participación Ciudadana aprobada por el Congreso de la República se encuentra en la Corte Constitucional surtiendo su último trámite. Ésta ley soluciona en gran parte los vacíos en materia de participación ciudadana en Colombia, sin embargo, es necesario un claro compromiso desde el ejecutivo, donde seincentive y promocione la organización social para así lograr un diálogo activo y crítico entre el Estado y la ciudadanía. Ser aliados de la ciudadanía en el cuidado de lo público. Reforzar los mecanismos de planeación y gestión participativa de la inversión pública nacional, departamental, municipal y local, midiendo regularmente su fortaleza.
Garantizar, promover y proteger el derecho a la participación ciudadana de las personas y de sus organizaciones, mediante la definición de una estructura institucional para su fomento, la determinación de las facultades ciudadanas y los deberes de las autoridades públicas relacionados con el desempeño de las instancias deliberativas de participación ciudadana en Colombia y el establecimiento de los criterios generales para financiar el ejercicio público encaminado a su materialización.
Creación del Consejo Nacional de Participación Ciudadana como máximo órgano permanente de carácter decisorio, en materia de participación ciudadana. En el nivel territorial, se crearan las Oficinas Departamentales, Municipales y Distritales para la promoción de la Participación Ciudadana, encargadas de avanzar junto con las secretarías del respectivo nivel, el esfuerzo en favor de la participación. El objetivo principal de este nuevo diseño institucional es acabar con la dispersión normativa y articular la oferta estatal de participación en todo el país para generar sinergias que potencialicen la política pública que la desarrolla.
Establecer un catálogo de derechos y deberes asociados a la participación ciudadana, tanto en cabeza de la sociedad civil en tanto primer protagonista de la participación, como de las autoridades públicas que están llamadas a ser su principal interlocutor.
Desarrollar todo lo relativo al control social y la rendición de cuentas. El control social debe ser entendido como el derecho y el deber de los ciudadanos, de manera individual o a través de sus organizaciones, redes sociales e instituciones, a participar en la vigilancia de la gestión pública y sus resultados. Consideramos que el control social debe ser un elemento transversal y permanente de todo el ciclo de la política pública y ya no vinculado exclusivamente a la fase final del mismo. Por su parte, la rendición de cuentas debe concebirse como la obligación de todos los servidores públicos de la rama ejecutiva, elegidos popularmente, de presentar ante la ciudadanía anualmente los resultados de la gestión realizada, obligación cuyo incumplimiento será en adelante considerado falta disciplinaria grave.
Creación del Fondo para la Participación Ciudadana y el Fortalecimiento de la Democracia, como cuenta fiduciaria destinada a la financiación o cofinanciación de planes, programas y proyectos de participación ciudadana. Además de establecer la obligación de afectar el presupuesto destinado a la participación ciudadana a programas y acciones que genuinamente la desarrollen. Ninguna entidad estatal podrá utilizar, como ha venido ocurriendo, las apropiaciones presupuestales de participación ciudadana en gastos distintos de los contenidos dentro de la definición de gasto en participación ciudadana.
Reconocimiento y protección especial de los sujetos de la participación, en el sentido de que el Estado debe brindar las garantías a quienes ejercen ese derecho y el respeto por sus libertades de expresión y asociación, así como su vida, honra, bienes, libertad y seguridad. También diseña incentivos simbólicos a la participación ciudadana, y prohíja el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como herramienta fundamental para el desarrollo de la participación ciudadana.
Planeación participativa
Colombia tiene una larga tradición en el ejercicio de la planeación y de la planeación participativa. Desde finales de la década del cuarenta desarrolló una experiencia, tanto en el campo de la planeación urbanística (planes reguladores de las grandes ciudades) como de la planeación económica (la “operación Colombia”) que tuvo continuidad en décadas posteriores y que hoy constituye un ingrediente de primer orden de la gestión pública en todos los niveles de la organización del Estado.
El conocimiento de los presupuestos participativos escasi nulo, quizá por la misma fragilidad institucional y desencanto por el poco impacto del ejercicio participativo. Según la última medición de Capital Social 2011, a través del Barómetro de Capital Social (BARCAS) se encontró que solo el 10% de la muestra nacional reportó que los conoce o ha oído mencionar y tan solo el 5% saben de alguien que los haya utilizado. A nivel regional en el 2011 se destacan Antioquia y Medellín con los mayores porcentajes de conocimiento y uso de los presupuestos participativos en el país, el 13% de los ciudadanos en estos territorios conoce o a oído mencionar los presupuestos participativos y 12% sabe de alguien que los haya utilizado, lo que suma un 25% que supera ampliamente el 15% registrado a nivel nacional. El caso de Medellín, es la evidencia del efecto de los presupuestos participativos en el fortalecimiento del Capital Social y el movimiento en dirección hacia la Sociedad Cívica Moderna.
Los enormes avances hechos en la reciente Ley Estatutaria de Participación Ciudadana y la Ley 152 de 1993han permitido consolidar en el país una cultura de la planeación, obligando a los gobernantes a planificar su acción y a incorporar en ciertos momentos la voz ciudadana, tanto en la formulación de los planes de desarrollo como en su monitoreo y evaluación, así mismo, mayor acceso y conocimiento de los mecanismos de participación. Sin embargo, esa misma trayectoria desnuda un conjunto de deficiencias que hoy día sugieren la inaplazable necesidad de reformar la ley, de manera que se potencie el rol de la planeación en la gestión pública, se fortalezca el ejercicio de la participación ciudadana, los presupuestos participativos, el control social y la rendición de cuentas.
La propuesta
Corregir los vacíos de la actual legislación en materia de planeación participativa:
1. Creación de la ley de planeación que cubra los distintos instrumentos de planeación existentes hoy en el país, y no solamente una ley para la formulación de los planes de desarrollo. Debe por tanto, armonizar la legislación existente sobre materias como los planes de manejo de cuencas y los planes de ordenamiento territorial, de manera que existan criterios uniformes para su formulación y aprobación y para la participación de la ciudadanía en su formulación, ejecución, monitoreo y evaluación.
2. Regulación que establezca la nueva ley sobre el manejo de los diferentes instrumentos de planeación debe tener validez para todas las escalas en las que tales instrumentos sean utilizados: nacional, regional, departamental, metropolitano, municipal, distrital y local.
3. La nueva ley debe reglamentar el Sistema Nacional de Planeación, definir sus objetivos, sus funciones, su estructura, sus autoridades, sus fuentes de financiamiento y sus interlocutores en el Estado colombiano. El sistema deberá hacer parte del sistema nacional de participación y sus representantes deberán tener asiento en el Consejo Nacional y en los consejos departamentales y municipales de participación.
4. En lo que respecta a los diferentes planes que las entidades gubernamentales deben formular, la ley deberá establecer su estructura, el proceso y los plazos para su formulación y aprobación, las modalidades, instancias y momentos de participación ciudadana y los sistemas, entidades e instancias participativas responsables de su monitoreo y evaluación. Los plazos para la formulación y aprobación de los planes serán suficientes para que las entidades estatales responsables, la ciudadanía y los cuerpos de representación política puedan discutir a fondo los contenidos de los planes y construir los acuerdos sociales y políticos necesarios para su aprobación.
5. Los consejos de Planeación deben seguir siendo las instancias de participación ciudadana en la formulación, aprobación, seguimiento y evaluación de todos los instrumentos de planeación que regule la nueva Ley Orgánica de Planeación. Los Consejos serán instancias de representación social para la participación en los procesos de planeación. Estarán conformados por representantes de organizaciones, gremios y demás grupos representativos de la sociedad, así como representantes de las instancias de participación existentes en el orden nacional o territorial correspondiente. En ningún caso deberán incluir, por tanto, representantes gubernamentales ni de autoridades públicas.
6. Las organizaciones representadas en los Consejos de Planeación tendrán total autonomía para designar a sus representantes en los Consejos de Planeación. De ninguna manera las autoridades públicas intervendrán en su designación. Su papel es solamente el de definir las reglas de juego para esa selección y realizar la convocatoria pública respectiva.
7. Los consejos de planeación son instancias de obligatoria conformación. La ley deberá establecer la responsabilidad de las autoridades públicas en esa materia, así como los plazos y características de la convocatoria. Incluirá, además, las sanciones aplicables a las autoridades que no cumplan con esa obligación.
8. Los conceptos, los pronunciamientos y los informes de monitoreo producidos periódicamente por los Consejos de Planeación deberán ser respondidos por las autoridades públicas en plazos que determine la ley. En esas respuestas, las autoridades señalarán cuáles de las propuestas de los Consejos son acogidas y cuáles no, y en el caso de estas últimas señalar las razones por las cuales no son acogidas. La ley deberá propiciar escenarios de diálogo permanente de las autoridades públicas y de los Consejos para la concertación de dichas propuestas, una vez sea conocida la respuesta de las autoridades.
9. La ley deberá definir explícitamente como una de las funciones de los consejos de Planeación el seguimiento y la evaluación a los diferentes planes gubernamentales. Para tal efecto, la ley deberá ordenar a las entidades gubernamentales proporcionar la información, la logística y los recursos de toda índole necesarios para que los Consejos puedan llevar a cabo esa tarea. Además, deberá garantizar los procesos de capacitación necesarios para que los Consejeros adquieran las herramientas conceptuales, metodológicas y prácticas para hacer seguimiento a los planes.
10. Los Consejos de Planeación deberán ser definidos como instancias de participación permanentes. La ley estipulará los apoyos económicos, logísticos, de información y de capacitación que el Estado deberá prestar a los Consejos para que puedan garantizar su permanencia en el desempeño de sus obligaciones.
11. La ley debe incluir la obligación de los Consejos de Planeación de rendir cuentas periódicamente a la ciudadanía, siguiendo el enfoque y el formato de la rendición de cuentas incluido en la nueva Ley Estatutaria de participación Ciudadana, aprobada el año pasado por el Congreso de la República.
12. A su vez, la ley debe contemplar incentivos para motivar la participación de los ciudadanos en los consejos de Planeación. De igual forma, hará explícitas las garantías que el Estado deberá asegurarles para el ejercicio de esa función pública.
13. La ley deberá estipular los criterios de organización interna y funcionamiento de los consejos de Planeación, de manera que funcionen con criterios democráticos, de respeto a la diversidad y de eficacia en el cumplimiento de sus funciones.
14. La ley orgánica de planeación deberá armonizarse con las nuevas leyes expedidas recientemente, en particular con la nueva ley estatutaria de participación, la ley orgánica de ordenamiento territorial, la nueva ley de régimen municipal y la ley de áreas metropolitanas.
EDUCACIÓN
En el actual contexto de campaña a la Presidencia de la República es interesante ver cómo vuelven a aparecer planteamientos sobre las necesidades apremiantes de los ciudadanos (salud, vivienda, empleo, educación), promesas que probablemente tampoco se cumplirán en el próximo cuatrienio. Por ejemplo, la educación superior resulta muy provechosa para hacer promesas populistas (“voy a generar los cupos que se requieran para que todos los jóvenes puedan estudiar”) cuando el problema nuclear está mucho más en la oferta de educación media en el campo, que muchos de sus propios habitantes no tienen muy bien identificado como problema, y que sería el verdadero detonante de la modernización rural.
Si se concibe que el objetivo del Estado es construir en el proceso intergeneracional un nivel cada vez mayor de igualdad de oportunidades, es posible priorizar el gasto en educación, con aquellos objetivos que garanticen que nadie quede impedido de por vida de disfrutar de las oportunidades que se abrirían con el crecimiento de la economía y su transformación hacia una sociedad más competitiva internacionalmente, con exportaciones con mayor valor agregado basado en conocimiento.
Para la sociedad un objetivo importante es asignar el mejor talento disponible a sus tareas de mayor importancia. Sin embargo, el talento aparece de forma aleatoria, accidental, en cualquier lugar de la escala social. Debemos construir la meritocracia para que los talentos, que se presentan en la sociedad, puedan servir de la mejor manera a ésta.
Si la labor del Estado es priorizar las inversiones en educación que promuevan igualdad de oportunidades, es imprescindible asegurarse de que exista cubrimiento universal desde primera infancia, por lo menos a la población de 0-5 años en situación de pobreza extrema, hasta el bachillerato, con el fin de que ningún individuo quede impedido para desarrollarse y pueda participar según sus talentos de la sociedad moderna.
Al observar la experiencia de Corea del Sur, uno de los tigres asiáticos, país que en el año 1953 (fin de la guerra) se encontraba en condiciones de subdesarrollo incluso mayores al nuestro, podemos evidenciar cómo a través de sus políticas lograron un significativo avance en educación. Su estrategia orientada a priorizar los recursos, de tal forma que, la mezcla de inversión se concentrara a nivel de preescolar, primaria y secundaria en un 80% y un 20% en la educación superior llevó a un rápido mejoramiento de la educación, logrando hoy posicionarse en los primeros lugares de las pruebas internacionales de calidad de la educación (PISA).
En contraste, en Colombia existen grandes vacíos tanto en términos de cobertura como de calidad a nivel de Primera Infancia (0-5 años) y Educación Media (Bachillerato). Es en estos niveles de formación donde existe la mayor inequidad, afectando a las poblaciones más vulnerables.
Primera Infancia
En términos de cobertura, resulta apremiante ampliar los programas de calidad en desarrollo integral de primera infancia continuando la estrategia nacional De Cero a Siempre, entendiendo que los primeros cinco años de vida son los más importantes en la formación cognitiva, social, emocional y física de un ser humano. En el Plan Nacional de Desarrollo (2010-2014) el Presidente Juan Manuel Santos trazó la meta de atender 1.2 millones de niños en situación de pobreza extrema de un total de 2.2 millones en esta situación, para el año 2012 se había logrado cubrir 739.831 niños.
La meta del próximo gobierno debería ser el cubrimiento universal de la población vulnerable de 0-5 años. Teniendo en cuenta el crecimiento de dicha población, para el año 2018 habría que atender a través de programas de atención integral una población de aproximadamente 2.8 millones de niños, lo cual requeriría un esfuerzo presupuestal de un total de 6.9 billones de pesos para el cuatrienio.
Educación Media (Bachillerato)
Aunque en Colombia la población con bachillerato completo ha ido creciendo, la lucha por lograr que no haya ni un solo colombiano sin este nivel de formación no la estamos dando con la fuerza que se requiere. Para el año 2001 había en Colombia 14.7 millones de ciudadanos mayores de 20 años sin bachillerato. Lo alarmante es que dicha cifra en lugar de mantenerse o decrecer ha venido en aumento, llegando a 15.5 millones en el año 2011. De estos 1.3 millones estaban entre el rango de 20-24 años de edad. El bachillerato completo es el umbral cognoscitivo mínimo necesario para que un individuo entienda y funcione dentro de la sociedad moderna.
En este nivel de formación, la meta al 2018 del próximo gobierno deberá ser alcanzar la cobertura total, es decir, que de acuerdo con cifras del año 2012 reportadas por el Ministerio de Educación se deben incluir 432.623 jóvenes que no se encontraban cubiertos por el sistema a nivel de bachillerato. Esto requeriría un esfuerzo presupuestal total de aproximadamente 3.7 billones de pesos para el cuatrienio. Por eso urge promover la inversión prioritaria para lograr el 100% de cobertura de la educación media en el país, la cual, para el año 2012, alcanzaba el 75% a nivel nacional. Vale aclarar que la cifra de jóvenes por fuera del sistema a nivel de educación media entre 2010 y 2012 aumentó. Tras una depuración de las bases de datos el Ministerio de Educación encontró en los registros “estudiantes fantasmas”, lo que implica también que la tasa de cobertura real era menor de lo que los datos de 2010 indicaban.
La educación media en las modalidades de más relevancia y pertinencia, debe ser el detonante del desarrollo rural. Según cifras del Ministerio de Educación para el año 2010 en el país había 353.149 jóvenes sin acceso a la educación media, de los cuales 268.679 vivían en aéreas rurales. Teniendo en cuenta que la población rural es el 15% de la población total del país, resulta preocupante que los jóvenes rurales sin acceso a bachillerato representaban el 76% del total nacional, es decir que la discriminación al campo es casi 4 veces a la de la cuidad.
En este sentido, se deben generar las condiciones para que estudiantes y maestros de las zonas rurales accedan a la educación media y se asegure su permanencia en las aulas. El reto no es únicamente ampliar la cobertura e incluir en el sistema aquellos jóvenes que se encuentra fuera, sino lograr que los estudiantes no deserten de los colegios. En áreas rurales, de cada 10 alumnos que ingresan al sistema educativo, tan solo 5 se gradúan de bachillerato. Las medidas orientadas para evitar la deserción de los alumnos deben obedecer de manera muy precisa a las causas que la Encuesta Nacional de Deserción Escolar, realizada por el MEN, arroja por departamento.
Al revisar la información del año 2012 a nivel departamental, se encuentra que en algunos departamentos la tasa de cobertura no alcanza sino el 33%, como es el caso de Guanía y el 35% en Vichada. No obstante hay otros departamentos que podríamos considerar críticos en términos de cobertura en educación media, tales como Nariño, La Guajira, Cauca y Norte de Santander, al ser aquellos que de acuerdo con su población en edad de cursar bachillerato, tiene el mayor número de jóvenes fuera del sistema. Cabe resaltar el caso de La Guajira, en donde el 50% de los jóvenes que según su edad deberían estar cursando bachillerato, no se encuentran cubiertos por el sistema.
Otro de los retos para avanzar en materia de educación, específicamente a nivel de media, es arrebatar las secretarias de educación del modelo de gobernabilidad vigente, regido por el clientelismo y la corrupción. Éstas, al igual que otros segmentos del Estado están siendo capturadas por políticos para alcanzar sus propios intereses, y esto es lo que no permite la implementación de políticas. Es de vital importancia inducir a las secretarías de educación a realizar periódicamente una rendición de cuentas de su labor para lograr un mejoramiento de los indicadores de gestión como también es necesario legislar para hacer más estricta su certificación.
Educación Superior
Para llegar a una educación superior ideal y competitiva, debemos enfocarnos en mejorar la calidad de la educación media, con un programa masivo de formación de maestros y ampliación de infraestructura. Promover una carrera para el maestro basada en un salario digno, selección de los mejores maestros y evaluación continúa de los resultados académicos.
Debemos reformar las rutas de movilidad de la educación para que el encadenamiento entre la educación media y la superior facilite la formación de ciudadanos y el reconocimiento del bachillerato técnico, a través de créditos, para acceder a la educación superior, en donde el SENA juega un papel fundamental.
Adicionalmente, desde el año 2012 el DANE tiene la responsabilidad de adelantar la importante medición que permita cuantificar el mercado laboral y sus necesidades, hasta el momento el país sigue esperando tal resultado. La oferta de educación superior no refleja las necesidades productivas de la economía. En el país hay una sobreoferta de universitarios y trabajadores no calificados y un déficit de técnicos y tecnólogos profesionales y de posgrado. El riesgo de que el país no tenga cuantificada sus necesidades laborales es que siga formando personas cuyos perfiles no son demandados y por tanto no serán absorbidos por el sistema laboral, lo que se traduce en desempleo.
Otro elemento que permitiría un avance en para la educación superior es la creación de una Superintendencia de Educación, la cual se dedicaría a ejercer un control sobre los balances financieros de las instituciones de educación superior (IES). Lo anterior con el fin de vigilar que los recursos que reciban las IES no se inviertan en fines diferentes a la educación, su razón de ser y así evitar que estas instituciones hagan de la educación un negocio.
Por otra parte el Ministerio de Educación debería cumplir la función de informar a la ciudadanía los costos y beneficios de los programas educativos que ofrecen las diferentes instituciones de educación superior. El brindar dicha información permitiría a los jóvenes que van a ingresar a este nivel de educación tomar una decisión más certera sobre su futuro profesional.
Por último es indispensable avanzar en materia de investigación, para el año 2009 el país contaba con 5.700 doctores; de acuerdo con estudios realizados por expertos en el tema es necesario alcanzar el umbral de 12.000 doctores para empezar generar una producción científica y provocar un cambio tecnológico.
La gestión estatal del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación se encuentra desintegrada en una multiplicidad de dependencias y organismos, en ministerios y departamentos débilmente y no coordinados. Urge la articulación y jerarquización de un sistema unificado de investigaciones que, con una visión de largo plazo, le asegure al país un progreso fundamentado en el conocimiento.
El Departamento Nacional de Planeación y Colciencias, hoy inmersos en la administración de las regalías, deben recuperar su capacidad de orientar las políticas de desarrollo y de ciencia, tecnología e innovación respectivamente.
